Comprendí que no puedo cambiar el mundo pero sí puedo colaborar para que sea un poco menos injusto.



martes, 25 de septiembre de 2012

Faltan empleados con discapacidad en el Estado


Según establece la Ley 22.431 en su artículo 8º modificado por la Ley 25.689, el Estado Nacional está obligado a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 4 por ciento de la totalidad de su personal.

Sin embargo, el último informe realizado por la Oficina Nacional de Empleo Público concluye que el porcentaje real de empleados con discapacidad en los organismos estatales fue tan sólo el 0,66% en el segundo semestre de 2011.

El informe detalla que los organismos que reúnen el mayor número son el Estado Mayor General de La Armada (8%), AFIP (8%), ANSES (6,6%) y la Secretaría de Cultura (5,5%). También cumplen con el cupo: el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur, el Servicio Nacional de Rehabilitación, INADI, Nación Bursátil Sociedad de la Bolsa S.A., la Universidad Tecnológica Nacional, el Ministerio de Trabajo, Pellegrini S.A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión, Casa de Moneda S:E y el Instituto Geográfico Nacional.

Esta modificación en la Ley 22.431 fue realizada en noviembre de 2002 pero fue reglamentada en 2010. Desde entonces, el número de empleados con discapacidad en organismos estatales ha ido aumentando pero aún está muy lejos de cumplimentarse.

El salario bruto promedio es de $5.971 y el 75 por ciento se encuentra empleado con contrato de planta permanente. Las personas con discapacidad mental reciben en promedio $3.707, auditiva $6.492 y motora $6.555.

Carlos María Jordán es responsable de la Dirección de Promoción de la Empleabilidad de Trabajadores con Discapacidad dependiente del Ministerio de Trabajo y sostiene que la inclusión social es fundamental para su inserción laboral y que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y obligaciones.

Por otra parte, señala que las empresas visualizan cada vez más al trabajador con discapacidad como mano de obra competitiva cuando se lo selecciona de acuerdo a sus competencias laborales, que la búsqueda de empleo se ha intensificado y que ellos mismos están más dispuestos a capacitarse.

El Ministerio de Trabajo lleva a cabo una serie de medidas a fin de incentivar la contratación de personas con discapacidad. En el Sector Privado, por ejemplo, los trabajadores a tiempo completo perciben durante el primer año una suma de $1.500 y a tiempo parcial, $750, que el empleador podrá descontar del monto total de la remuneración a percibir.

Por otra parte, todo empleador que incorpore a su planta personas con discapacidad tiene una serie de beneficios impositivos como deducción en el impuesto a las ganancias, en Ingresos Brutos y una reducción en el pago de los aportes patronales durante el primer año de contratación.

La importancia de la inclusión laboral. “En cierta forma, empezamos a comprender que las personas con discapacidad tienen, como cualquier ser humano, una enorme gama de talentos no afectados por su discapacidad o, mejor aún, enriquecidos por esta condición particular. Sin embargo, aún así persisten en nosotros formas de discriminación”, sostiene Alejandro Mármol, Director de programas de la Fundación Par, organización que promueve la inclusión de personas con discapacidad motriz.

A pesar de que hubo un significante aumento en la integración de personas con discapacidad en las escuelas, la falta de acceso a una educación formal inclusiva en escuelas comunes es uno de los factores al que atribuye el hecho de que muchas personas con discapacidad se encuentren después en franca desventaja a la hora de competir por un empleo.

El 70% de los trabajadores de la base de datos de la Fundación Par no tiene el secundario terminado. Es así como en muchos casos los puestos a los que pueden acceder son posiciones operativas y de bajo nivel de decisión. Por otro lado, muchas veces pasan a ser las personas más observadas y evaluadas de la empresa. “Éstas, como otras cuestiones, terminan siendo discriminatorias aunque su intención no haya sido esta”, reflexiona Mármol.

(*) Especial para Perfil.com

miércoles, 19 de septiembre de 2012

Cooperativa laboral El Ágora en el Penal de La Plata




La cooperativa laboral El Ágora que funciona en la Unidad 9 del penal La Plata surge como respuesta a las altas tasas de reincidencia delictiva y demuestra que la reinserción social, la reconstrucción y la educación como objetivos primordiales de una prisión son totalmente factibles.

El Ágora está formada por un grupo de internos universitarios que aprovechando la sanción de la ley 14.272 -que determina que todo comercio del rubro gastronómico deberá tener a disposición de los consumidores un 10% de cartas en sistema braille- transcribe y vende menúes para no videntes. Según establece el artículo 4, el 18 de mayo pasado venció el plazo de cumplimentación de dicha ley.

El valor de los menús varía entre 70 y 180 pesos, dependiendo de la cantidad y modelo que el cliente demande. Se puede optar entre tapa plástica, de cartón y de cuero.

Por otro lado, en el taller también se fabrican switchs – también llamados pulsadores – de tipo sonoro al tacto para personas con discapacidad motriz severa.

De esta forma, desde El Ágora no solo se incentiva y capacita a sus integrantes sino que también se crea un vínculo con el resto de la sociedad, rompiendo de esta manera con el innecesario aislamiento total que solo dificulta una futura reinserción social.

De hecho, según sostienen sus integrantes, el objetivo es que la conformación de la cooperativa sea mixta: intra y extramuros. Al salir en libertad ellos planean continuar colaborando con este proyecto. “Creemos que el éxito de nuestro emprendimiento no proviene de proclamar nuestros valores, sino de ponerlos en práctica consecuentemente día a día”, señalan.

Los miembros de El Ágora explican que la importancia del taller radica en que los dos pilares fundamentales para la reinserción social son el trabajo y el estudio. “Es fundamental adquirir las herramientas necesarias para crear nuestras propias posibilidades para el afuera”, sostienen.

Por otra parte, destacan el hecho de sentirse útiles y capacitados para contribuir con la sociedad, al poder mejorar, desde su lugar, la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Como está terminantemente prohibido que ellos realicen transacciones comerciales, la venta de los menús se está realizando a través de las páginas de internet y de los familiares de los internos pero cualquier interesado puede colaborar con la causa a través de financiamiento o generando contactos comerciales para sumar ventas.

Por el momento, los ingresos son reinvertidos en compras e insumos y en nuevos proyectos que se están organizando paralelamente. También han recibido donaciones del Rotary Club de Olmos y de la Empresa Instrumédica de Quilmes.

Por otra parte, cuentan con un fuerte apoyo oficial tanto del Ministerio de Producción, la Dirección de Trabajo de la Jefatura y el Juzgado de Ejecución Penal Nº2 de La Plata, a cargo del juez Nicolás Villafañe.

Si bien los miembros de El Ágora aseguran no haber tenido grandes problemas, sí admiten que algunos inconvenientes surgen porque el sistema carcelario no está estructurado aún para fomentar y apoyar este tipo de iniciativas.

Sostienen, por ejemplo, que es indispensable la agilización de los trámites y el acondicionamiento de las condiciones de este contexto, donde prima más la seguridad que actividades que en sí mismas favorezcan el desarrollo integral de las personas privadas de su libertad.

Carolina Blanco es junto a María Eugenia Carricaburu la coordinadora del taller, ambas en representación de la Asociación Civil Actitud Emprendedora. Según explica Blanco, ellas dos son la cara visible para la gente que “del otro lado del muro” apuesta a esta experiencia.

Su rol implica facilitar un espacio de participación y socialización del saber que posibilite la plena apropiación del proyecto que los integrantes de El Ágora han gestado, convocando a las personas necesarias, en el momento pertinente, para que ayuden a favorecer el desarrollo del proyecto.

“Desde nuestra Asociación Civil promovemos a la autogestión como estrategia de inclusión socio productiva. Los productos no tienen antecedentes penales.Acá, no se busca apelar a la lástima ni mucho menos: comercialmente hablando, se apunta a la calidad y a los beneficios que reportan los productos tanto para los clientes como para los usuarios (personas con discapacidad), que son en definitiva la razón de ser de El Ágora”, sostiene Blanco.

(*) Especial para Perfil.com