Comprendí que no puedo cambiar el mundo pero sí puedo colaborar para que sea un poco menos injusto.



martes, 28 de junio de 2011

La interminable lucha de Villa Lugano por un hospital propio

En 1986 la Ordenanza 41.795 estableció la construcción de un Hospital General de Agudos con 250 camas de internación en Villa Lugano. La misma fue derogada en 2005 con la sanción de la ley 1769, que volvió a determinar la construcción de un hospital pero esta vez sin especificar de qué tipo, dejándolo a criterio del Ejecutivo de turno.

El Hospital Cecilia Grierson que fue inaugurado el 10 de junio de 2009, cuenta con 33 consultorios, ha atendido unas 100 mil consultas y es la primera de las tres etapas de la obra proyectada en 2006 por el gobierno de Jorge Telerman. La obra se completaría en 2013 siguiendo un nuevo proyecto del gobierno porteño.

En noviembre de 2010 el Jefe de Gobierno Mauricio Macri firmó el decreto 849 que en base a un estudio de expertos determinó que no era necesaria la construcción de un hospital de la complejidad que se había proyectado.

Dicho informe consideró que la mayor parte de la problemática socio-sanitaria es absorbida por los Hospitales Álvarez, Piñero y Santojanni, que las camas actuales para la región son suficientes y recomendó destinarlo a Centro de Alta Resolución que disminuya la ocupación de camas por pacientes con patologías de mediana y baja complejidad de la zona.

Una comisión vecinal presentó un amparo solicitando se ordene al gobierno construir el Hospital General de Agudos y se mantenga las multas impuestas a Macri y al Ministro de Salud Jorge Lemus en 2010 por incumplimiento.

Gabriel Novick, Subsecretario de Planificación Sanitaria, admite que los reclamos de los vecinos para tener la salud en la puerta de su casa son comprensibles. “Lo que el Gobierno pueda generar en cuanto a proximidad nunca será suficiente para satisfacer esa necesidad que es insaciable”, explica.

Novick insiste en la importancia de la planificación de la salud pública y destaca que la idea de desarrollar un Hospital para resolver los problemas del paciente en el día fue tomada por expertos y no por el Gobierno. “Aquel que necesite internarse viaja una vez y lo hace en las camas disponibles de los otros hospitales”.

En el presupuesto de la Ciudad de 2011 figura una inversión de 5 millones de pesos para reubicar los accesos al hospital contemplando el nuevo plan de obra. Para 2012 y 2013 hay 11 y 19 millones de pesos proyectados respectivamente, que se destinarán a la guardia, a una base saliente del SAME y a equipamiento entre otras cosas.

El Hospital de Villa Lugano prometido en 1986 estaría terminado recién en 2013 siempre y cuando no se modifique el plan médico actual.

¿Más camas, más salud? De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud, el promedio de ocupación de camas en la región durante 2010 fue: Álvarez 58.9%, Piñero 81.8% y Santojanni 97.4%. Es decir que las camas alcanzarían para satisfacer la demanda. De cualquier manera, Novick asegura que si se ponen 250, 280 o 300 camas en el Hospital de Lugano, eventualmente se terminarían usando porque la necesidad es ilimitada”.

Como funcionario a cargo de la Asesoría Tutelar Nº1, Gustavo Moreno se presentó en la causa en 2010 y le solicitó a la Jueza Elena Liberatori que ordenara al Ministerio de Salud de la Ciudad cumplir la sentencia de 2005.

“El gobierno quiere convertir el Hospital prometido en campaña en un Centro de Salud, en palmaria contradicción de lo dispuesto por la justicia y la Ley”, advierte Moreno y agrega que el Gobierno de la Ciudad parece desconocer que los hospitales Piñero y Santojanni están colapsados, especialmente en invierno por los brotes de bronquiolitis.

Por su parte Novick considera que más camas no agregarán valor al vecindario ni a la salud pública insistiendo en que la cantidad no hace a la calidad.

El traumatólogo Ricardo Zambrano, de reconocida trayectoria en el Santojanni y parte de la querella, sostiene que el establecimiento médico actual no puede atender urgencias al no contar con camas de internación, guardia ni ambulancia.

Además considera que le faltan servicios de cirugía, traumatología, de clínica médica y numerosas especialidades. “Se inauguró como Centro de Atención Integral y le cambiaron el nombre a Hospital solamente para decir que cumplieron con la Ley 1769”.

Que sí, que no. En la campaña de 2008 un afiche del PRO anunciaba la construcción de un hospital con 240 camas, 35 consultorios, 25 camas de terapia intensiva, 8 quirófanos, 300 médicos y 220 enfermeras. Sin embargo, en junio de 2009 se presentó la primera de las etapas proyectas de la obra y Macri anunció la inauguración de la totalidad del Hospital de Lugano. “La obra ya está terminada, este es el gran centro de alta complejidad que la gente necesita y reclama”, dijo.

Paradójicamente, el 20 de octubre, el Ministerio de Salud, en respuesta al legislador por el Frente para la Victoria Juan Cabandié que solicitaba los motivos de porqué el Hospital General de Agudos había sido inaugurado como Centro de Atención Integral, expresó: “lo que se inauguró el pasado mes de junio fue la primera etapa de lo que será el Hospital General de Agudos Dra. Cecilia Grierson, denominándose en la actualidad como Centro de Salud Integral”.

En junio de 2010 en respuesta a los amparos presentados por los vecinos y por Moreno, la jueza Liberatori convocó a una reunión. Según consta en un amparo presentado por los demandantes, los funcionarios del Gobierno dijeron no tener conocimiento de que la construcción debiera continuar.

En una audiencia en agosto de 2010, funcionarios del gobierno anunciaron que sí estaba previsto continuar la obra y solicitaron un plazo de 90 días para presentar un nuevo plan médico. Finalmente, el Decreto 849/10 demuestra la intención de continuar con las obras pero con un nuevo proyecto, totalmente acotado y diferente al original.


Publicado en Perfil.com

http://www.perfil.com/contenidos/2011/06/17/noticia_0023.html

lunes, 27 de junio de 2011

Cómo serán las primeras elecciones comunales

La descentralización de la Ciudad se hará efectiva con los comicios del 10 de julio.

El 10 de julio, diez años después de la fecha establecida por la Constitución de la Ciudad sancionada en 1996, se llevarán a cabo las elecciones de los miembros de las Juntas que gobernarán cada una de las 15 Comunas porteñas y que asumirán el 10 de diciembre.

La descentralización de una ciudad de la magnitud de Buenos Aires es un eje fundamental de la democracia participativa que brinda al ciudadano la posibilidad de involucrarse en las políticas públicas, oportunidad tantas veces reclamada.

La Ley 1777 sancionada en septiembre de 2005 establece que cada Comuna tendrá un órgano de gobierno colegiado denominado Junta Comunal formado por seis miembros más su presidente. A su vez determina la creación de un Consejo Consultivo Comunal “de deliberación, asesoramiento, canalización de demandas, elaboración de propuestas, definición de prioridades presupuestarias y de obras públicas y seguimiento de la gestión”. Este organismo estará integrado por ciudadanos que podrán estar organizados en redes vecinales, partidos políticos o como particulares y es en este ámbito donde el vecino podrá tener un rol activo para hacer efectivo su derecho de participación.

Antecedentes. El carácter de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires se gestó en la Convención Constituyente de 1994 que modificaría la Constitución Nacional. Una vez sancionada la Constitución de la Ciudad en 1996 la reforma se haría efectiva y los porteños comenzarían a elegir a sus propios representantes. El problema fue ejercer ese derecho.

Juan Aníbal Gómez, líder del Movimiento Expresión Vecinal y co-fundador del "MP3" -Movimiento Peronista 3º Posición- es un vecino que ha luchado desde entonces por la división de la Ciudad en Comunas y la elección de sus representantes. Gómez explica que “los mismos integrantes de la constituyente se convirtieron en líderes de partidos políticos y se encontraron con un problema: si lo que ellos mismos habían gestado llegaba al público en general, les quitaría entonces el poder que habían adquirido”.

Desde 1998 se han presentado diversos proyectos vinculados a las Comunas pero ningún gobierno tomó cartas en el asunto. En 2004, el actual diputado nacional por el Partido Socialista Roy Cortina, presentó en su carácter de legislador de la ciudad un proyecto de ley de comunas que tras ser estudiado y modificado, sería sancionado al año siguiente como ley 1777. Cortina explicó que “el proyecto se realizó mediante un sistema innovador de discusión participativa para el que se convocó a más de 8000 vecinos y 700 organizaciones vecinales. Hicimos una ley con la gente y eso generó una masa crítica que le dio un gran impulso”, agregó.

Sin embargo los sucesivos gobiernos se tomaron seis años desde la sanción de la Ley Orgánica de las Comunas para convocar finalmente a elecciones y probablemente sólo los sucesivos amparos judiciales presentados por vecinos y funcionarios hayan acelerado esta decisión.

La promesa cumplida. La diputada porteña por el PRO María Raquel Herrero destaca la perseverancia de los vecinos y asegura que “el Gobierno ya había tomado la iniciativa de cumplir con el mandato constitucional al momento de asumir pero que entonces no estaban dadas las condiciones para convocar a elecciones, ni siquiera estaba diagramada la división de las comunas”.

La gestión actual ha avanzado en esta materia a través de los Centros de Gestión y Participación que han facilitado la organización de trámites y reclamos realizados en cada comuna. Estas instituciones se convertirán en las sede de las Juntas Comunales que serán elegidas en julio.

Elecciones compartidas… ¿boleta única?. El 10 de julio los porteños elegirán Jefe de Gobierno, legisladores y miembros de las Juntas Comunales. La diputada Herrero argumenta que se ha tomado esta decisión por una cuestión de practicidad: “estamos en un año electoral en el que hay que ir a votar seis veces en cuatro meses y quisimos unificar no sólo para no desgastar al vecino sino también por el gasto que significa para el gobierno cada uno de los comicios”.

La Ley Orgánica de Comunas determina en su artículo 20 que “para la votación de las Juntas Comunales se habilitarán boletas u opciones separadas, en caso de coincidir con la celebración de otras elecciones”. Es decir que debería haber una boleta para Jefe de Gobierno y legisladores con opción de corte y una diferente para la Junta Comunal.
Sin embargo, el dirigente vecinal Gómez considera que “hay un consenso político entre los partidos más importantes para hacerle varios cambios a la ley. Todavía falta reglamentar la ley por lo que aprovecharán ese momento para realizar las modificaciones que crean convenientes”. Una de las más importantes según Gómez, es la que se refiere a la unificación de las boletas que genera el efecto de lista sábana.

Nuevo mapa político. Los resultados de las elecciones del 10 de julio determinarán cómo quedará distribuido el poder en la ciudad de Buenos Aires. El accionar del nuevo Jefe de Gobierno dependerá en parte de los 105 miembros de las 15 Juntas Comunales. Y a su vez, la efectividad de estos nuevos funcionarios dependerá en gran medida del compromiso y rol activo que asuman los vecinos. Sin control ciudadano, las elecciones comunales se podrían convertir simplemente en un nuevo eslabón de la vieja política argentina.

¿En qué consiste el gobierno de las Comunas? La Junta Comunal es un organismo colegiado que se renueva cada cuatro años y que tendrá algunas competencias exclusivas, como las vinculadas al mantenimiento urbano de calles y plazas y otras de competencia concurrente con el poder ejecutivo, como es el caso del control de los servicios públicos.

Las decisiones de la Junta Comunal tendrán el aval del Consejo Consultivo Comunal, que estará subdividido en comisiones para tratar las diferentes temáticas. A su vez, el Consejo puede presentar propuestas y asesorar a la Junta. Cualquier vecino puede averiguar en su CGP los horarios de las reuniones que ya se están realizando en los pre-consejos consultivos.

Por otra parte, se formará el Consejo de Coordinación Intercomunal que estará integrado por los 15 presidentes de las Juntas y por el Jefe de Gobierno o el funcionario que éste elija en su representación. Este organismo coordinará y monitoreará la descentralización político-administrativa del Gobierno de la Ciudad.

El control interno y externo del accionar de la Junta Comunal estará a cargo de la Sindicatura General y de la Auditoría General de la Ciudad.

Esta nueva organización política no implica un aumento significativo del gasto del Gobierno de la Ciudad. Exceptuando los sueldos -que representan según cálculos del movimiento Expresión Vecinal un aumento del 0.01 % del gasto de la Ciudad- el presupuesto destinado a cada una de las comunas proviene de recursos hoy asignados a otras áreas.

En los primeros dos años contados desde la asunción de las primeras autoridades Comunales, el presupuesto total asignado a las Comunas no puede superar el cinco por ciento del presupuesto total de la ciudad para cada uno de dichos años. A partir del tercer año, cada Junta elaborará junto al Consejo Consultivo un anteproyecto de presupuesto acorde a sus necesidades. El proyecto final será confeccionado por el Consejo Interconsultivo Comunal y autorizado por la Legislatura.

La descentralización de la Ciudad de Buenos Aires disminuye la burocracia, cristaliza los presupuestos y los gastos, acelera los trámites y reclamos y ofrece una serie de beneficios para el ciudadano siempre y cuando éste sea lo suficientemente inteligente para aprovechar el lugar que la política al fin le ha dado.

Publicada en Perfil.com
http://www.perfil.com/contenidos/2011/05/04/noticia_0002.html

sábado, 25 de junio de 2011

La historia del marino que se hizo guerrillero

Aníbal Acosta fue suboficial de la Infantería de Marina de la Armada Argentina a principios de los '70. Hasta que en 1972 organizó una sublevación para que sus compañeros avanzaran el 17 de noviembre hacia Ezeiza junto a la JP y Montoneros en apoyo a Juan Domingo Perón.

Según su idea, las Fuerzas Armadas debían ser un medio para mejorar la sociedad y no un instrumento de represión.

Por ese levantamiento fue sometido a consejo de guerra, apresado, dado de baja y perseguido por rebelarse. Fue en 1973 que lo pasaron a disponibilidad y se incorporó a la organización Montoneros, donde instruyó a varios compañeros a combatir, con los conocimientos que había adquirido durante su formación en las Fuerzas Armadas.

Luego de distintas instancias judiciales para ser reincorporado a las FF. AA., recién en 2005 recibió el reconocimiento del Estado, que permitió su regreso como Teniente de Fragata.

En la actualidad es licenciado en sociología y enseña economía en la Universidad de Buenos Aires.


Perfil.com: ¿Por qué decidió ingresar a las FFAA y a la Marina en particular?
Acosta: Mi objetivo principal era liberar a la Argentina de la dominación de potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos. Tenía intuitivamente colocada la idea de la “patria”. Creo que la elección de la Marina proviene de un cuento que leí de chico de un marino con un barco que me impresionó bastante y me generó toda una fantasía.

Perfil.com: ¿De qué manera pensaba combatir esos problemas desde las FFAA?
Acosta: Eso había que resolverlo desde la política. Y yo aprendí desde chico que para ser presidente, se necesitaba ser militar. Las FFAA siempre tenían el poder político.

Perfil.com: ¿Cuándo se dio cuenta de que no estaba de acuerdo con la ideología militar y empezó a rebelarse?
Acosta: Nunca tuve una actitud sumisa en la Escuela Naval. Jamás obedecí órdenes que no debían ser acatadas por ser ilegales, por lo que sufrí castigos muy fuertes. Yo no tenía una ideología política sino que me orientaba a lo social y es por eso que acompañé al movimiento peronista en el momento en que luchaba por los intereses nacionales. De todos modos, no me considero peronista. Ingresé en la JP Tendencia, que estaba enfrentada con Perón.

Perfil.com: ¿Cómo organizaron la sublevación del 17 de noviembre de 1972 en la ESMA para ir a recibir a Perón?

Acosta: Ante la llegada de Perón sabíamos que la orden iba a ser reprimir pero nosotros queríamos estar del lado del pueblo. La organización fue lenta. Se dividieron las tareas y se designó por qué sector avanzaría cada grupo. Acordamos con la JP y Montoneros que nuestros compañeros se encontraran con ellos para proveerlos de armas y marchar juntos a Ezeiza una vez que lograran escapar de la ESMA Lo que no sabíamos era que ya estábamos fichados. Ese 17 de noviembre yo estaba en el portaaviones a cargo de una agrupación de desembarco y ni bien empezó la sublevación me metieron preso ahí cinco días. Me interrogaron, me sometieron a consejo de guerra y me trasladaron a la ESMA.

Perfil.com: ¿En la escuela naval lo formaron para combatir al enemigo extranjero o a la guerrilla interna?

Acosta: Si bien las FFAA se preparaban como un cuerpo para luchar contra extranjeros, paralelamente se fue introduciendo la guerra antisubversiva interna. De a poco las FFAA empezaron a hacer participar más oficiales, por ejemplo poniendo una bomba en una unidad básica. Pero ya desde la época de Lanusse el armamento apuntaba a la guerra interna.

Perfil.com: ¿Cómo fue la preparación militar para combatir a la guerrilla?
Acosta: En primer lugar se creó la figura del comunismo que implicaba la disociación de la nación. En realidad no sabían muy bien qué era el comunismo pero te inculcaban que había que evitarlo. Adentro ya se escuchaba que había que matarlos, hacerlos picadillo y a los traidores peor.

Perfil.com: ¿Cuándo empezó a militar?
Acosta: Pertenecí a la JP y cuando me dejaron a disponibilidad a mediados de 1973 me incorporé a Montoneros. Se me designó una unidad básica y me metí como un militante más. Básicamente, yo le enseñé a mis compañeros los conocimientos adquiridos en las FFAA para luchar precisamente contra ellos. Esa era mi tarea principal. No sólo los preparaba en el manejo de armas, sino que también los instruía en cómo organizar una unidad de combate y realizar un entrenamiento de tiro. A su vez, hacíamos prácticas con armas simuladas porque organizar la ubicación dentro del frente de combate requiere de toda una técnica. Cuando me dieron la baja en 1975 dejé de militar, me fui a Córdoba porque la cosa estaba muy pesada y había mucho servicio de inteligencia infiltrado en Montoneros.

Perfil.com: ¿Cómo vivió el definitivo regreso de Perón el 20 de junio de 1973?
Acosta: Cuando salí en libertad el 23 de marzo y regresé a mi hogar queríamos vivir la parte de la historia que me había perdido. Así que con Ricardo Hirsch, otro guardiamarina, decidimos ir a recibirlo Estábamos cerca del palco y nos topamos con Orueta, que estaba con un grupo de Montoneros. El tipo se sintió bastante incómodo cuando nos vio y nos alejó del grupo con el que se encontraba. No era para menos, Orueta decía ser sociólogo, pero era un agente infiltrado de un servicio de inteligencia. Cuando los Montoneros se dieron cuenta lo fusilaron.

Perfil.com: ¿Por qué cuando los liberan en marzo de 1973 los ponen a disponibilidad en lugar de darles la baja?
Acosta: La Ley de Amnistía decía que debían reincorporarnos pero las FFAA querían darnos la baja. Pero no pudieron. Massera se presentó ante Perón en 1973, ya que el Presidente era quien debía autorizarla. Sin conocernos, Perón se jugó por nosotros y negó el pedido. Massera le insistió aduciendo que éramos subversivos, unos zurdos. Pero Perón le dijo “No, a los muchachos no”. Hasta que la termina firmando Isabelita el 24 de junio pero con vigencia a partir el 1 de julio, el día que muere Perón. Él nunca dejó que nos dieran de baja. Con la disponibilidad te siguen pagando pero no tenés destino, te quedás en tu casa. Así que enseguida iniciamos los reclamos para que nos reincorporaran al servicio.

Perfil.com: ¿Por qué quería reincorporarse si no estaba de acuerdo con la metodología de las FFAA?
Acosta: Precisamente por eso. La mejor forma de cambiar las cosas era desde adentro.

Perfil.com: ¿Cómo fue el camino hasta lograr la reincorporación?
Acosta: Presenté escritos escalando administrativamente las diversas jerarquías. Todas eran respuestas evasivas y su justificación era que nos daban de baja por no reunir las condiciones necesarias para ser oficial de la Armada. Recién en 1989 conseguí un abogado que me represente. El primer fallo sale favorable pero el segundo en contra. Apelamos a la Corte Suprema y de los nueve jueces, ocho nos rechazan porque dicen que la causa había prescripto, pero la nuestra era una causa previsional que no prescribe. La Corte Suprema que supuestamente representa la democracia falló anticonstitucionalmente. Nos conectamos con el Consejo Interamericano de los Derechos Humanos que recomendó al gobierno de Menem que llegara a un acuerdo que no se concretó. En 2005 mi abogado se contactó con el entonces presidente Néstor Kirchner y fue en ese momento cuando logramos que nos reincorporaran a las FFAA como de Tenientes de Fragata.

Perfil.com: ¿Qué sensaciones le provocó el reconocimiento?
Acosta: Para mí obviamente fue ganar una lucha después de 33 años. Me llené de emoción. Pensé en mi viejo que ya había fallecido pero que me hubiese gustado que estuviera ahí. Más de treinta años después tanto la Armada como el gobierno civil me dieron la razón y el reconocimiento que merecía.

Perfil.com: Como ex montonero, ¿reconoce que la agrupación cometió delitos de lesa humanidad?
Acosta: No. Ese tipo de delito se aplica a los Estados o fuerzas beligerantes que tienen discrecionalidad para aplicar otras medidas para anular la acción del enemigo y cuando se actúa contra una población inocente que no representa peligros para esa fuerza. No se conoce ningún campo de concentración y de tortura de Montoneros ni se conocen militares desaparecidos o que vivieran ocultos por miedo a los Montoneros o al ERP.

Perfil.com: Durante el gobierno de Ricardo Alfonsín se realiza el juicio a las juntas y se dicta la Ley de Obediencia Debida. ¿Cuáles fueron las consecuencias?
Acosta: Creo que el Juicio a las Juntas terminó siendo un juicio vindicativo que por un lado está bien porque las Madres querían vindicar a sus hijos pero la sociedad tenía que haber hecho un juicio político con una condena más amplia. Lo que hizo Alfonsín en 1987 con la Ley de Obediencia Debida fue decir que aquellos que cumplían órdenes ilegales quedaban amparados. Fue un intento de tapar todo. La tortura es una orden ilegal y nosotros tuvimos los huevos suficientes para no cumplirla.

Perfil.com: ¿A qué atribuye los indultos decretados por el ex presidente Carlos Menem?
Acosta: Fue una decisión política que revela la íntima relación entre la diplomacia argentina y Estados Unidos. El mensaje también apuntaba a las fuerzas sociales internas, aquella parte de la sociedad que avaló y sigue justificando la represión, aunque algunos toman un poco de distancia con el grado de la represión. Es aberrante que como consecuencia de estas medidas dilatadoras que se sucedieron a lo largo de los gobiernos democráticos, recién ahora cuando los represores están viejos se comienza a destapar todo y ni siquiera se puede condenar a los verdaderos responsables.

Perfil.com: ¿Y quiénes son los responsables?
Acosta: Esto obviamente estuvo dirigido y conducido por Estados Unidos, que decidía y aún decide quiénes son los terroristas a nivel internacional. Por otro lado, no estoy de acuerdo con la idea de que la culpa sea únicamente de los militares y no de los civiles. Dentro de las FFAA, algunos pensaban diferente el problema era que si vos no obedecías una orden no solo corrías peligro de muerte sino de torturas y encubrimientos por parte de jueces y de curas. Creo que de alguna manera se mandó a las fuerzas armadas a hacer el trabajo sucio.


Publicada en Perfil.com
http://www.perfil.com/contenidos/2011/04/08/noticia_0028.html