Un saludo a mis nuevos vecinos

Como bien han publicado los diarios más importantes del país, hace pocas semanas un grupo de familias de la Villa 31 tomó la decisión de instalarse a la vera de la autopista Illia con el argumento de que los alquileres que pagan por una pieza en el barrio, ascienden a los $500 y ya no pueden hacer frente a dicho gasto. Ya son más de 30.000 las personas que viven en este cotizado terreno de Recoleta y a pesar de haber mucha gente honesta y trabajadora, la sociedad insiste en mantenerlos aislados y el Gobierno de la Ciudad continua prometiendo en vano una urbanización y desoyendo las necesidades de estas personas que son tan ciudadanos como el vecino de barrio norte, independientemente de si pagan los impuestos o no.

Curiosamente, el mismo Gobierno que se desatiende los reclamos, no demoró más que un par de horas en desalojar de las cercanías de la autopista a estas familias que se habían instalado. No fuera a ser que la villa se expandiera… El acuerdo al que llegaron fue entregar $8000 a cada familia para que liberara la zona. Conformes, se retiraron los ingenuos funcionarios de Espacio Público de la Ciudad.

$8000 es una suma importante y no hizo falta protesta, golpes ni horas de reclamos para conseguir el dinero. Y la gente no es tonta. No pasaron más de un par de horas para que otro grupo de vecinos siguiera sus pasos y se mudara frente al viejo edificio del correo sobre una plazoleta ubicada en la bajada de la autopista, sobre la Av. Pte. Ramón Castillo. En este caso, más allá de que se expanda o no se expanda la villa, el problema puntual es que dentro de unos meses se proyecta que las “vías muertas” –propiedad de Ferrocarriles Belgrano - que atraviesan la plazoleta comiencen a funcionar nuevamente como rieles para trenes de carga que van o vienen del puerto de Buenos Aires.

Lo que en un principio eran bolsas de residuo, plásticos y cartones, se transforma a medida que pasan los días en chapa y ladrillos –claro indicador de la voluntad de permanecer en el lugar- De acuerdo a otros habitantes del barrio, cada una de estas familias tiene casa propia a unos pocos metros de allí por lo que no habrían tomado la decisión de construir frente a la falta de un techo. De hecho, ninguna de las familias que está armando un hogar sobre la plazoleta duerme allí, sino que pasan solamente un rato a la tarde sentados alrededor.

Espacio Público de la Ciudad les ha ofrecido una suma similar que a sus vecinos pero con descaro y picardía, la han rechazado. O les ofrecen más plata, o se instalan en su nuevo hogar. Linda maniobra le han jugado a un gobierno al que mucha falta le hace crear nuevos planes de ayuda y de organización social.

El caso ha pasado a terreno nacional. Está ahora en manos del juez federal Oyarbide y se mantiene lo más oculto posible. Como ya es costumbre, los medios que cubrieron únicamente dos días de conflicto, ya se han olvidado del tema; sin embargo, la situación no ha mejorado y los habitantes de la villa continúan sin ser oídos. Corren rumores de desalojo pero la falta de medidas pareciera indicar lo contrario. Por el momento, patrulleros de la Comisaría 46 simulan controlar esporádicamente la zona mientras las reuniones de funcionarios del gobierno Nacional dilatan la situación.